La lucha contra el fraude fiscal, la agilización de las relaciones jurídico–tributarias, la implementación de la notificación electrónica, la reducción de la litigiosidad, la modernización de la Administración tributaria, la actualización de los valores catastrales o la renovación de los procedimientos tributarios son algunos de los fines perseguidos con la aprobación de un nuevo paquete de modificaciones fiscales con aplicación desde el 1 de enero del 2018.