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Tal como comentamos en la Circular 44-2017, a una persona jurídica no se le puede imponer ninguna pena por delitos contra los derechos de los trabajadores. A este respecto, cabe recordar que el artículo 318 del Código Penal indica que a la organización únicamente se le podrá imponer una consecuencia accesoria.

Sobre este asunto se ha pronunciado recientemente el Tribunal Supremo en su octava Sentencia en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, número 121/2017, de 23 de febrero. En este caso, la organización era acusada de dar ocupación simultáneamente a trece trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social correspondiente a diez de ellos. En este caso, el Tribunal Supremo confirmó la resolución de la Audiencia Provincial de Pontevedra, indicando lo siguiente:



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