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En muchas ocasiones los ciudadanos sienten reticencias para colaborar con la policía judicial y la administración de justicia por el temor de sufrir represalias por parte de los criminales, por ello, para no perder testimonios y pruebas que pudieran ser muy importantes, se articula la Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales.

Esta ley recoge una serie de medidas para que la protección a testigos y peritos se lleve a cabo eficazmente y que así no existan esos temores por parte de la ciudadanía, pero como señala la propia exposición de motivos de la ley, las garantías en favor de los testigos y peritos no pueden gozar de un carácter absoluto e ilimitado, es decir, no pueden violar los principios del proceso penal.



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