Una de las consecuencias de la no obligatoriedad (en general, salvo tasadas excepciones) de la implementación de los conocidos PROGRAMAS DE PREVENCION DE RIESGOS PENALES en la mayoría de las organizaciones y empresas es, sin duda, la eventual relajación de las exigencias legales que las normas de aplicación sobre la materia vienen contemplando desde que en el 2010 el Código Penal incorporara dicha figura en nuestro ordenamiento jurídico Español.

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