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Se analizan las conductas penalmente tipificadas con la reforma operada en la Ley Orgánica 1/2015. Tanto el alzamiento de bienes -ahora rebautizado como frustración de la ejecución- como aquellas otras conductas que determinan o influyen en la insolvencia del deudor. La falta de diligencia empresarial se constituye en fuente de responsabilidad penal, con el objetivo confesado de proteger y dar seguridad y garantías penales al crédito en el tráfico jurídico mercantil.



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