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El Tribunal Supremo ha anulado una condena por agresión sexual contra una menor al considerar que el juicio no se desarrolló en equidad tras negarse a la defensa la práctica de una batería de pruebas entre las que incluía un análisis de las redes sociales de la presunta víctima. Ha concluido que al tratarse de datos divulgados por la menor en plataformas de acceso público se "reduce significativamente la expectativa de privacidad" y ha determinado que el "uso probatorio de tales datos no suponía una lesión desproporcionada" al existir "un serio interés defensivo".



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