La Policía registró el ordenador del acusado después de que lo llevase a una tienda de informática y un técnico encontrara elementos pedopornográficos. El Tribunal Supremo y el Constitucional rechazaron el recurso del demandante, amparándose en su derecho a la vida privada. El Tribunal de Estrasburgo considera que la incautación del ordenador y el examen de los archivos no eran "necesarios en una sociedad democrática".
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