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La Sala Primera del Tribunal Supremo establece, en su sentencia de 11 de septiembre de 2018, que la acción directa contra la aseguradora (artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro) solo puede ser ejercitada por la sociedad cuando se pretende una indemnización por la actuación negligente del administrador de la misma a la que causó daños.

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