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El artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) que reconoce el derecho de separación a aquellos socios que hubiesen votado a favor del reparto de beneficios, entró en vigor el pasado 31 de diciembre de 2016.

Por este motivo, hasta ahora no existía suficiente doctrina para evaluar las consecuencias de la aplicación del citado artículo.

De este modo, el ejercicio del derecho de separación ha supuesto la apertura de los expedientes administrativos solicitando el nombramiento de experto independiente para determinar el valor razonable de las acciones del socios separado, lo que ha significado que la Dirección General de los Recursos y del Notariado (DGRN) se haya pronunciado en las diferentes situaciones que la aplicación del citado precepto ha provocado.



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