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A raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, el Alto Tribunal estableció una serie de condiciones para poder considerar abusiva, y por tanto, nula de pleno derecho, este tipo de cláusulas como por ejemplo que se trate de préstamos hipotecarios que tengan como objeto la adquisición de la vivienda habitual de personas físicas. Así, los magistrados dejaron de lado muchos supuestos en tanto a condiciones y circunstancias del prestatario, en lo que también podría haber operado una mala praxis por parte de las entidades bancarias debido a que no se haya prestado información precontractual suficiente ni negociación acerca de las condiciones.



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