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El propósito del recién aprobado Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales —que entra en vigor el 5 de mayo— es acomodar el sistema de aranceles de los procuradores de los tribunales al Derecho de la Unión Europea — basado en el principio de libertad de aranceles— y cumplir con lo establecido en la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.



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