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La Directiva 2019/1937 establece por primera vez para gran parte de las empresas españolas, so pena de incurrir en sanciones, la obligación, con carácter general, de implementar un canal de denuncias a fin de que sus empleados y terceros que mantengan algún tipo de relación con la empresa revelen la comisión de hechos ilícitos, ya sean o no de carácter penal.



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