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El pasado 2 de julio entró en vigor la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, que establece un procedimiento específico y más rápido para desalojar las viviendas particulares ocupadas.

Como recoge su preámbulo, trata de articular los mecanismos legales ágiles en la vía civil que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda.

Solo afecta a personas físicas, entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla o entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. De esta forma, quedan excluidos de la posibilidad de acudir al mecanismo establecido en esta Ley las entidades privadas, incluidos los bancos y fondos de inversión.



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