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Una práctica habitual es que las entidades bancarias, al conceder préstamos hipotecarios a personas jurídicas, exijan el aval de una o varias personas físicas.

En otros artículos ya hemos explicado que si ese fiador-persona física actúa fuera de la actividad del deudor principal-persona jurídica, será considerado “consumidor” y, por tanto, podrá beneficiarse de la protección que le otorga la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI) y la normativa en materia de consumidores.



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