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En los períodos de crisis, como el actual, es necesario contar con mecanismos de flexibilización que permitan mantener o conservar los contratos. La declaración del estado de alarma plantea muchos problemas en relación con el cumplimiento de los contratos, perfilándose la cláusula rebus sic stantibus como el instrumento jurídico apropiado para resolver los múltiples conflictos económicos que se están produciendo por el impacto del COVID-19, permitiendo a las partes modificar el contrato cuando se ha producido un cambio en las circunstancias que había en el momento de su firma con la finalidad de reestablecer el equilibrio de las prestaciones de las partes sobre un principio de equidad.



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