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La Ley 57/68, y la actual regulación dada por la Disposición Adicional Primera de la Ley de Ordenación a la Edificación establecen la obligación de que el Promotor, o en su caso la Cooperativa, garanticen mediante un seguro o un aval bancario, la devolución de los anticipos que, a cuenta del precio final de la vivienda, abonan los compradores de vivienda sobre plano.

Así, en el supuesto de que se produzca un retraso, bien en el inicio de la construcción o, en su caso, en el plazo de entrega de la vivienda, los compradores tienen derecho a resolver el contrato suscrito y a obtener la devolución de las cantidades aportadas, con cargo a dicho seguro o aval.



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