La Ley Orgánica 8/2021, de protección de la infancia introdujo una novedosa reforma según la cual cuando se da un caso de violencia en el hogar y se incoa un procedimiento penal la regla general es la de la suspensión del régimen de visitas al padre maltratador y por el contrario, la excepción es que se conceda. En concreto modificó el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableciendo la suspensión de las visitas “cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido” con la violencia de género

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