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El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 establece, como su propio título indica, el cese de actividad de aquellos servicios y sectores no considerados como esenciales a los que se establece un régimen jurídico singular a través de un permiso retribuido recuperable.

Al respecto, hay que significar que no parece una norma cuyo destinatario principal sea el empleado público sino que, de su lectura, parece que el problema durante estas semanas radicaba más bien, en la actividad industrial cuyas particularidades y exigencias de producción habían provocado que su personal siguiera acudiendo a trabajar, con lo que ello implica en los contagios.

Durante las últimas semanas la mayoría de administraciones han adaptado su funcionamiento al Estado de Alarma que vivimos, limitando su actividad, suspendiendo procedimientos, teletrabajando y, en definitiva, limitando los desplazamientos y evitando la atención al público en la medida de lo posible y de lo que han permitido sus recursos.

Ahora bien, la pregunta a la que se trata de responder con este post es qué actividades de las prestadas por nuestros entes locales no resultan afectadas por las disposiciones de dicha norma y, consiguientemente, han de seguir prestando servicios en estos momentos.



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