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A la hora de ejecutar contratos públicos, los contratistas hacen uso de una cantidad muy importante de datos personales cuyo uso inadecuado puede plantear riesgos para la seguridad pública[1]. Siendo esto así y con la finalidad de reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, hace unos días el BOE publicaba el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. En esta entrada detallaremos qué novedades introduce el capítulo III, dedicado en su integridad a medidas en materia de contratación pública



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