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Se va a tratar aquí del caso Juana Rivas y de deontología del abogado y de responsabilidad civil por el ejercicio de la abogacía, es decir, de dos conceptos que deben proteger a quien busca asesoramiento jurídico procesal y extraprocesal del profesional de la abogacía, que constituyen la esencia de la abogacía. Esos conceptos puede que no protejan a la Sra. Rivas, y a sus hijos. No voy a explicar en qué consiste el enormemente mediático caso Juana Rivas; por corta que sea la memoria, presumo que se recordarán al menos las grandes líneas de un caso que llenó portadas y programas de televisión durante mucho tiempo del año 2017, y, en cualquier caso, Internet sí tiene mucha memoria y ahí está todo, y no repetiré lo que es tan fácilmente accesible.

La deontología profesional está en la base de la colegiación obligatoria de los abogados, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; si los Colegios profesionales aparecen en la Constitución (artículo 36 de la Constitución, sobre Colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas) es precisamente por eso: por la protección en favor de terceros. Ya desde la sentencia del Tribunal Constitucional nº 111/1993 de 25 de marzo de 1993, enlace aquí, sobre tema de instrusismo profesional en general, viene entendiendo el Tribunal Constitucional que merecen especial protección aquellas actividades que inciden



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