El Tribunal Supremo (TS) ha declarado que las administraciones no están obligadas de forma "permanente y continuada" a dar una solución habitacional a las personas a las que adjudicó en su día una vivienda pública, respondiendo así al caso de un hombre al que la Comunidad de Madrid adjudicó una casa en alquiler con opción a compra y, tras venderla a una empresa, la perdió reclamando al Gobierno regional que le diera una alternativa análoga