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Más de tres años después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) reconociera por primera vez el derecho al olvido, y en definitiva, concluyese que el gestor de un motor de búsqueda es responsable del tratamiento que aplica a los datos de carácter personal incluidos en páginas web publicadas por terceros, ha recibido dos nuevas cuestiones prejudiciales relativas a este derecho: por un lado, sobre el alcance geográfico de los bloqueos de resultados de búsqueda, y en particular, sobre la legitimidad de una autoridad nacional para determinar qué información es posible localizar fuera de las fronteras de su jurisdicción. Por otro lado, sobre la posibilidad de que los motores de búsqueda puedan ser compelidos a bloquear todo resultado de búsqueda que remita a páginas webs que incluyan datos personales "sensibles" de manera automática y, por tanto, sin necesidad de realizar el juicio de ponderación que el propio TJUE estableció en su previa Sentencia.



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