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Ha pasado un tiempo ya desde la entrada en vigor de la llamada Ley de la Segunda Oportunidad, la cual en su momento supuso una novedad y una mejora en la protección de los deudores, una asimilación del concurso de acreedores pero para personas físicas y autónomos. Tras este tiempo transcurrido, hemos podido comprobar que dicha ley no ha supuesto el avance normativo y de protección al deudor particular o trabajador autónomo que se pensaba que iba a ser.



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