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El pasado 11 de diciembre de 2019 el Tribunal Supremo sorprendía con una sentencia desfavorable para las empresas que compran oro y cualquier otro tipo de objeto usado a particulares, para su reventa. Y es que declaró que debían pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). La reacción de las administraciones autonómicas fue exigir el pago de este tributo a las empresas y de forma retroactiva, es decir, de los últimos cuatro años. Sin embargo, una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR, que depende de Hacienda) de Canarias rechaza el cobro de este impuesto y anula las liquidaciones dictadas por la Administración.



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