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La reciente Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2018 (rec.5350/2017) abre la caja de los truenos y parece  que “llueve café en el campo” puesto que irrumpe sobre el reparto de costes de las escrituras de hipotecas, anulando la liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias viviendas, y anula el precepto del reglamento impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (68.2), aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo, por considerar que la expresión que contiene (“cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”) es contraria a la ley.



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