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El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), también llamado impuesto de plusvalía municipal, vive unos años convulsos. En algo más de un lustro, ha pasado de ser un impuesto pacífico, que generaba poca o ninguna conflictividad entre Ayuntamientos y contribuyentes, a convertirse en el principal foco de litigiosidad en las entidades locales. Los Tribunales han dejado claro que el impuesto no ha de pagarse cuando, comparando el valor de adquisición y transmisión del terreno, se acredite que el valor del mismo no se ha incrementado con motivo de su transmisión. Pero, a la hora de llevar a cabo esta comparación ¿es posible actualizar el valor de adquisición del terreno, conforme al IPC, para probar dicha ausencia de incremento de valor?



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