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Francisca Granados, asesora de Juana Rivas (quien permaneció más de un mes en paradero desconocido con sus dos hijos, incumpliendo las resoluciones que le obligaban a entregárselos al padre), tendrá que declarar en un juzgado, como imputada, por una querella que el Colegio de abogados de Granada ha presentado contra ella por intrusismo profesional por su actuación en el caso. La junta directiva del colegio granadino considera que la licenciada en derecho y asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer (CIM) de la localidad granadina de Maracena ha actuado como abogada, algo para lo que no está capacitada al no estar colegiada, un requisito ineludible para ejercer la labor procesal en los tribunales y por lo que tendrá que responder el próximo día 26.



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