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Desmintiendo la arcaica creencia de que a las pymes no necesitan un programa de Compliance Penal, la Audiencia Nacional ha condenado en su sentencia 5/2021, de 3 de marzo, a una empresa con 7 trabajadores y una “mínima capacidad organizativa”, que carecía de programa de Compliance Penal, por un delito contra la Hacienda Pública.



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