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La Directiva antiblanqueo prescribe en su artículo 30 apartado 5 el deber de los Estados miembros de garantizar que la información sobre la titularidad real esté a disposición de cualquier miembro del público en general. Como mínimo, se permitirá acceder al nombre y apellido, mes y año de nacimiento, país de residencia y de nacionalidad del titular real, así como a la naturaleza y alcance del interés real ostentado. Los Estados miembros podrán eximir de esta obligación en casos concretos y en circunstancias excepcionales que habrán de establecerse en Derecho nacional, si tal acceso puede exponer al titular real a un riesgo desproporcionado, un riesgo de fraude, secuestro, extorsión, acoso, violencia o intimidación, o si el titular real es un menor o tiene otro tipo de incapacidad jurídica (art. 9 Directiva antiblanqueo).



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