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Siguiendo los pasos de altos tribunales nacionales, como por ejemplo el Tribunal Supremo español, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea –TJUE– ha decidido, con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos de la UE, hacer «anónimas» sus sentencias. Así debería suceder, según su comunicado de prensa (96/2018), desde el 1 de julio de 2018, en relación con los asuntos prejudiciales en que se hallen implicadas personas físicas. En tales casos, los nombres de las persona físicas (no así las jurídicas) afectadas serán sustituidos por iniciales (siguiendo determinados criterios, algo confusos, a mi juicio) en todos los documentos que publique, suprimiéndose cualquier dato adicional que permita identificar a los litigantes personas físicas. Un «alto precio» para la «gloria» de la «lucha individual por un Derecho Justo», sin duda, a pagar por la necesaria «protección de datos» (su salvaguarda justa es misión del Estado democrático, sus excesos puro integrismo de los derechos) que hará pasar al anonimato grandes «sagas de historia jurídico-social».



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