La suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras directas en España obliga a obtener una autorización administrativa con anterioridad al cierre de las operaciones que caigan dentro de los supuestos recogidos a continuación. La falta de la autorización, además de afectar a la validez de la operación, podrá dar lugar a sanciones de entre €30.000 y el valor de la operación.

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