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Lo hemos comentado en los artículos previos de esta serie (aquí y aquí): el derecho a decidir en Cataluña es, fundamentalmente, una articulación de carácter político que no termina de encontrar un encaje jurídico que lo legitime, ni en el ordenamiento jurídico español ni en otros precedentes extraídos del derecho comparado. Y, como veremos a continuación, tampoco el Derecho Internacional Público avala.

La sección en la que ahora escribo tiene por nombre “Jurídica” y, como tal, espera de mí una conclusión técnica y terminante sobre la regulación internacional de este famoso derecho a decidir en apenas 600 palabras. Iré, pues, al grano:



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