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A las entidades de crédito les toca pagar ahora por los errores cometidos hace años. Y uno de estos errores, y que ha sido y está siendo muy castigado por la jurisprudencia, es la comercialización de las ya famosas hipotecas multidivisa a consumidores minoristas que poca experiencia tenían  (o ninguna en muchos casos) en la contratación de productos catalogados de “riesgo” y complejos.

Muchos han sido ya los tribunales que se han sumado al criterio de la pasada sentencia de 30 de junio de 2015 del Tribunal Supremo en la que se calificaba a la hipoteca multidivisa como derivado financiero. Y es que no puede ser de otra forma: no se trata de un préstamo “normal”, sino que estamos ante un verdadero derivado financiero que entraña unos riesgos de fluctuación de la divisa en el que se referencia que no tienen los préstamos de toda la vida.

Sin ir más lejos, mediante Sentencia 366/2016 del Juzgado de Primera Instancia 43 de Madrid de fecha 24 de noviembre de este año, se ha declarado la nulidad de la cláusula de opción multidivisa de la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. suscrita por un matrimonio, por considerar que no existió (ni se probó) que la entidad Banco Popular S.A. dotara de toda la información necesaria a los deudores.



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