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La Comunidad Valenciana, haciendo uso de las facultades que creía tener de conformidad con el artículo 149.1.8 de la Constitución Española, decidió promulgar tres cuerpos legales relacionados en el Derecho de Familia. El primero era sobre el régimen económico matrimonial que venía a sustituir en caso de ausencia de pacto expreso sobre el pactado, el subsidiario de separación de bienes en lugar del de gananciales y fue objeto de la Ley 10/2007 de 20 de marzo, que fue objeto de recurso inconstitucionalidad por parte del presidente del Gobierno. A la entrada en vigor inmediata de su texto, siguió un largo periodo de eficacia, hasta que nueve años más tarde el Tribunal Constitucional, con el voto particular en contra del magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, se declaró inconstitucional, negándose la aplicación del citado precepto de la Constitución, considerando que no existían furs “allí donde existían”, que permitían su “conservación, modificación y desarrollo”. Por otra parte, tras la suspensión de la norma citada en primer lugar, se produjo de forma inmediata su levantamiento que provocó sus casi ocho años de vigencia



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