Uno de los argumentos que utiliza Banco Santander, quien adquirió el antiguo Banco Popular, es que los accionistas no pueden reclamar la pérdida de sus inversiones, dado que la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (ley que traspuso al ordenamiento nacional la normativa comunitaria al respecto), impide que se indemnice a los accionistas de una entidad que ha sido resuelta por el FROB.

Sin embargo, desde RÂIZ ABOGADOS, queremos aclarar que esto no es de aplicación, a nuestro entender, a los inversores que adquirieron acciones en la ampliación de capital de 2016 de Banco Popular.

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