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Por lo general, la mayoría de edad en nuestro país conlleva aparejada la capacidad de obrar y con ella  “la aptitud para el ejercicio de los derechos subjetivos y de los deberes jurídicos”. De ahí, conforme al artículo 322 del Código Civil, su facultad para  celebrar  un contrato de trabajo y, por tanto, hacer ejercicio del derecho al trabajo para elegir y rechazar, así como desempeñar, cualquier empleo que se considere. Sin embargo, en algunos casos es posible que los menores de edad puedan llevar a cabo actividades profesionales, ajustados siempre a una regulación específica y protectora, al tratarse de sujetos que no tienen todavía plena capacidad de obrar.



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