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El interesado en el procedimiento administrativo es toda aquella persona cuyo derecho o interés legítimo se puede ver afectado por la resolución que se dicte en un procedimiento administrativo.

La figura de interesado en el procedimiento administrativo se introdujo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, la “LPAC” o “Ley del Procedimiento Administrativo Común”) tras las críticas que había hacia la figura del administrado de la anterior legislación administrativa, que tenía cierta connotación pasiva que no encajaba con todo el conjunto de facultades activas que posee el interesado en el procedimiento administrativo.



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