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La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, la “LCSP”) contiene, en su artículo 71.1.b), una disposición por la que se prohíbe contratar con las entidades que forman parte del sector público a las empresas que hayan sido sancionadas con carácter firme por una infracción de falseamiento de la competencia.



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