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Una de las principales acusaciones de los taxistas contra Uber y Cabify es que sus vehículos captan clientes en la calle aunque lo tienen prohibido por Ley. El Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) obliga a estas compañías a que los servicios que preste sean previamente contratados de forma telemática. En los últimos años, las comunidades autónomas, competentes en la materia, han abierto miles de expedientes a vehículos de alquiler con conductor (VTC) por estas presuntas captaciones irregulares. Sin embargo, los tribunales están empezando a poner en duda estas multas. Fuentes judiciales han confirmado a LA RAZÓN que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reclamado al Gobierno regional los más de 2.000 expedientes sancionadores que ha abierto en el último año por esta causa. El motivo, añaden, es que el organismo judicial duda de que los criterios sancionadores empleados sean legales.



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