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El Tribunal Supremo, en sentencia de 25 de septiembre de 2019, condena a la Administración a indemnizar a una madre por los daños neurológicos y secuelas sufridas en el parto, por el bebe, tras no haber sido asistida por ningún ginecólogo, a pesar de las complicaciones que presentó el parto.

La indemnización supera los 450.000 euros al haber provocado, la mala praxis médica y la falta de atención necesaria, una minusvalía del 33% al bebe.



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