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La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, Esther Rojo, ha expresado su preocupación ante los datos estadísticos del trimestre analizado, ya que detrás de las cifras hay una realidad innegable: la violencia de género sigue afectando a decenas de miles de mujeres en España y, lejos de reducirse, cada año observamos un aumento de los casos.
Entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, los órganos judiciales con competencias en esta materia han recibido un 9,81 % más denuncias que hace un año y han atendido a un 7,64 % más mujeres en el segundo trimestre de 2025.
Para Esther Rojo se trata de una realidad tozuda que obliga a todas las administraciones, estatales, autonómicas provinciales y locales, y a todas las formaciones políticas a seguir afrontando este fenómeno criminal.
En su opinión No solo se deben mantener y aprovechar todos los servicios y herramientas de las que nos hemos ido dotando en las últimas décadas, sino que es necesario dedicar más recursos humanos y materiales a una materia que, pese a los enormes avances logrados, sigue siendo una asignatura pendiente.
En opinión de la presidenta del Observatorio, esa es la realidad que muestran las estadísticas de los órganos judiciales, a la que lamentablemente deben añadirse toda la violencia contra las mujeres que permanece oculta, todas esas mujeres víctimas que guardan silencio, y las más de cuarenta víctimas mortales contabilizadas hasta la fecha, un número inasumible de vidas y familias rotas por la violencia de género.
Abogados de familia y expertos en violencia de género alertan de la situación actual de la respuesta judicial ante esta lacra. Faltan plazas judiacles y medios especializados y la demora judicial en los procedimientos para tener una sentencia firme es importante. Once de cada cien mujeres que aparecen en las denuncias como víctimas de este tipo de delitos (el 11,44 %) se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración.
Necesidad de implementar reformas
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| Lola Calderón plantea cinco medidas para mejorar la respuesta judicial a las mujeres víctimas de violencia de género | ||
Lola Calderón. Abogada especializada en derecho de familia y violencia de género. Mediadora, explica que cada trimestre, cuando el Consejo General del Poder Judicial publica sus estadísticas, leemos titulares parecidos. Esta vez, 55.712 denuncias y 50.106 mujeres víctimas entre abril y junio, casi un 10 % más de denuncias que hace un año. Es fácil alarmarse o pasar página. Quienes trabajamos a diario en las secciones de violencia sobre la mujer sabemos que lo importante está en lo que esos números cuentan y en lo que callan”, indica
“Que haya más denuncias no significa necesariamente que haya más violencia. Puede significar que más mujeres se atreven a dar el paso, y eso es una buena noticia a medias. La mala es que el sistema no siempre está a la altura de ese paso. Tres de cada cuatro denuncias las presenta la propia víctima; el entorno familiar apenas llega al 1,5 %. Seguimos dejando sobre los hombros de la mujer agredida todo el peso de romper el silencio”, subraya
Desde su punto de vista, “el dato que más me preocupa es otro: 5.732 mujeres se acogieron a la dispensa de declarar contra su agresor. Once de cada cien. En mi experiencia, casi nunca es porque la violencia no existiera. Es miedo, dependencia económica, presión familiar, hijos en común, o sencillamente agotamiento ante un procedimiento que se alarga meses mientras su vida sigue en el aire. Y en el 43,9 % de las órdenes de protección solicitadas, la relación de pareja seguía viva en ese momento. Pedirle a una mujer que, en esas condiciones, sostenga sola su relato hasta el juicio es pedirle demasiado”.
“Tampoco podemos olvidar a los hijos. La ley los reconoce como víctimas directas desde 2021, pero solo 113 menores figuran identificados como tales en las denuncias del trimestre. No se corresponde con lo que vemos en los despachos. Los niños que conviven con la violencia la sufren, aunque nadie les ponga un nombre en el atestado. Y la violencia vicaria, la que se ejerce a través de ellos para seguir dañando a la madre, necesita que los menores estén en el centro del procedimiento, no en un apartado más”, resalta
Para esta experta , “llama la atención la diferencia entre comunidades. Castilla y León registran una de las tasas más bajas, 12,2 víctimas por cada 10.000 mujeres, frente a la media nacional de 20. Ojalá significara menos violencia, pero me temo que en buena parte refleja lo difícil que es denunciar en el medio rural, donde todo el mundo se conoce, los recursos quedan lejos y el anonimato no existe”.
¿Cómo mejorar? Propone cinco medidas concretas.
Lola Calderón plantea propuestas de mejora “la primera, asistencia letrada especializada desde antes de la denuncia y hasta la ejecución de la sentencia, siempre con el mismo profesional. Una mujer acompañada por alguien que conoce su historia se retracta mucho menos.”.
“La segunda, generalizar la grabación de la primera declaración de la víctima con todas las garantías, para que su testimonio no dependa de que meses después tenga fuerzas para repetirlo delante de su agresor”, indica
Para Calderón otro tema importante sería como tercera mejora “La creación unidades de valoración forense integral y equipos psicosociales suficientes y especializados, que evalúen también a los menores y en plazos razonables. Hoy las esperas son inasumibles en muchos partidos judiciales”.
“La cuarta, dotar de verdad a las secciones de violencia sobre la mujer. Desde octubre de 2025 asumen también la violencia sexual fuera de la pareja, casi 4.000 denuncias más en un solo trimestre. Ampliar competencias sin ampliar plantillas no es especializar, es saturar.”, advierte
Por ´último, Lola Calderoón subraya como quinta mejora “mucho cuidado con los medios adecuados de solución de controversias obligatorios en los procesos de familia. Como mediadora, creo en la mediación cuando es voluntaria y entre iguales. Pero la ley excluye esos asuntos solo cuando la violencia consta, y mucha violencia no se ha denunciado todavía. Sentar a negociar a una mujer con quien la maltrata, con los hijos en medio, no es justicia restaurativa: es ponerla otra vez en peligro”
Esta jurista también subraya la importancia de toda al Sistema de medios suficientes y personal especializado “la presidenta del Observatorio pide a la sociedad que esté alerta, y tiene razón. Pero estar alerta no basta si, cuando la mujer por fin habla, el sistema la hace esperar, repetir y dudar. Detrás de cada una de esas 50.106 mujeres hay una vida que merece algo más que una estadística. Merece que, cuando dé el paso, encuentre a alguien al otro lado”.
Ampliación de competencias y colapso judicial
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| Julia Clavero advierte las dilaciones en tener una sentencia cuando se judicialización estos asuntos. Tres o cuatro años de media | ||
Por su parte, Julia Clavero, socia experta en derecho de familia y penal del despacho ABA Abogadas, recuerda que las secciones de violencia contra la mujer tienen más competencias desde octubre del 2025. El incremento de los datos del Observatorio no significa necesariamente una disminución de la violencia, sino que está muy influido por la asunción de nuevas competencias por parte de las secciones de violencia especializados desde octubre de 2025, incorporando delitos sexuales contra mujeres y casos de trata.
Para esta letrada hay una falta de medios y saturación importante : Denuncia que los recursos prometidos por el Ministerio de Justicia son absolutamente insuficientes. “En Madrid capital, por ejemplo, los juicios orales se llegan a retrasar hasta tres años debido al escaso número de plazas judiciales disponibles frente a una carga de trabajo inasumible que incluye guardias de detenidos y asuntos civiles”, revela. En su opinión la ley de eficiencia se ha quedao corta con el anuncio de dotar de 50 plazas judiciales y 42 de fiscales especializados para toda España (apenas 1 por provincia).
En cuanto a las medidas cautelares y el impacto de los retrasos, reconoce que la respuesta inicial de las secciones de ciolencia de género es rápida a la hora de conceder órdenes de protección (en un porcentaje elevado, en torno al 68%) dentro de las primeras 48 a 72 horas tras la denuncia. Sin embargo, “el verdadero problema radica en los recursos posteriores y en la lentitud para llegar a una condena firme. Recuerda un asunto donde un recurso interpuesto en julio de 2025 no obtendrá resolución de la audiencia hasta marzo de 2029, obligando a un ciudadano a soportar una orden de alejamiento durante cuatro años sin haber sido condenado, con el consiguiente riesgo de absolución tardía o archivo”.
Desde su punto de vista este tipo de situaciones que denuncia genera un cierto maltrato institucional: Afirma que esta situación genera en el justiciable una fuerte sensación de maltrato institucional debido a un retraso sistémico derivado exclusivamente de la falta de presupuesto y de medios, y no de la labor de las plazas judiciales. A su juicio “Se subraya que el bienestar de los menores debería ser una prioridad máxima («tema top») en la administración de justicia”.
Clavero explica a nuestro medio del colapso existente, explica que las secciones de violencia no solo tramitan los temas penales, sino también todos los procedimientos civiles derivados (divorcios, liquidación de gananciales, modificaciones de medidas, patria potestad o ejecuciones), lo que hace imposible ofrecer una respuesta rápida. Así subraya que la Sección de Infancia y Adolescencia de Madrid, saturada con miles de asuntos desde enero, y advierte de la situación crítica en partidos judiciales con un única sección mixta (como Majadahonda o Pozuelo), donde la justicia queda relegada a un plano secundario a nivel político y presupuestario.
En cuanto al informe del Observatorio, como crítica subraya que “se echa en falta que el informe del CGPJ no detalle el tiempo real de resolución de los procedimientos ni aborde la falta de medios, limitándose a ofrecer estadísticas cuantitativas que no reflejan la realidad del sufrimiento de las partes ni los efectos colaterales en el ámbito familiar y económico (como impagos de pensiones o hipotecas que derivan en desahucios).
Respecto a la Falta de apoyo y víctimas que no declaran: apunta que el porcentaje de víctimas que finalmente no declaran se debe en muchos casos a la falta de apoyo emocional, a investigaciones cruzadas o a denuncias interpuestas por terceros, lo que evidencia que el sistema sigue fallando en la protección y el acompañamiento efectivo.
Julia Clavero expone la falta de conciencia legal y cívica en los adolescentes. Por ejemplo, la ignorancia generalizada de que revisar o coger el móvil de la pareja constituye un delito de revelación de secretos o formas de control/maltrato. Está de acuerdo en la necesidad de formación legal básica y en igualdad: Coinciden en la importancia de educar en igualdad, civismo y conceptos penales básicos (consecuencias de agresiones, violencia o delitos informáticos/privacidad) desde las aulas para prevenir conductas delictivas antes de que ocurran.
Los instrucciones son demasiado largas
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| Clara Redondo subraya que los tiempos de respuesta en temas de violencia doméstica, con menores por medio en algunos csos, son mas lentos que en asuntos de violencia de género | ||
Por su parte, Clara Redondo, socia responsable del área jurídica de Zabalgo Abogados hace una lectura positiva del incremento de denuncias: Clara señala que el aumento de las denuncias puede interpretarse de dos formas. Por un lado, indica que las víctimas confieren mayor confianza en el sistema y se atreven a denunciar a sus agresores. Por otro lado, refleja que la violencia de género sigue siendo una lacra social plenamente vigente y que requiere un combate constante, tal como evidencia la frecuente aparición de estos sucesos en los medios de comunicación.
Esta jurista destaca que faltan datos sobre plazos de resolución: Comenta que, aunque el informe del observatorio detalla estadísticas sobre denuncias presentadas, estimaciones, condenas y adopción de medidas cautelares o civiles, echa en falta que no se incluya el tiempo real de resolución o de respuesta de los procedimientos. “Muchos de estos procedimientos pueden alargarse entre dos y tres años, lo que genera indefensión en la víctima en todo este proceso. Es posible que si se acortasen esos plazos, algunas de estas víctimas pudieran haberse evitado”, afirma
Para esta experta los problemas en los plazos y el impacto familiar son evidentes “Es necesario dotar de agilidad inicial frente a la lentitud de la instrucción: Explica que el procedimiento penal por violencia de género tiene un inicio muy rápido y urgente, activando la maquinaria judicial y las medidas de protección en cuestión de horas o al día siguiente. “Sin embargo, el problema radica en la fase de instrucción y su posterior paso al ámbito penal, lo que alarga el proceso un año como mínimo”,
Esta abogada subraya los efectos sobre la relación paternofilial: Advierte que si se adoptan medidas cautelares civiles como la suspensión del régimen de visitas y el procedimiento termina sin condena, “esta situación genera un impacto innegable y muy dañino en la relación entre padres e hijos.”
También habla de la concurrencia con el derecho de familia; Apunta que la dilación de los procesos de familia, sumada a los requisitos de los Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), retrasa la interposición de las demandas. "Esto obliga a muchas familias a mantener una convivencia tensa y en escalada de conflicto, lo que en ocasiones termina derivando en procedimientos de violencia de género”.
Redondo señala que, incluso cuando los procesos de familia avanzan con mayor rapidez, si el procedimiento penal continúa abierto (por ejemplo, pendiente de un recurso ante la Audiencia Provincial), las secciones de violencia suelen mantener la custodia exclusiva a favor de la madre y pueden prolongar la privación del régimen de visitas al padre durante largos periodos. “Si finalmente se archiva o no hay condena, es necesario iniciar un procedimiento posterior de modificación de medidas”.
Desde su punto de vista se advierte la “infradotación crónica de recursos: Comparte la reflexión sobre la falta crónica de medios en el sistema judicial, mencionando a modo de ejemplo la abrumadora carga de trabajo a la que se enfrentan los magistrados durante sus guardias. Es necesario más presupuesto y especialización.: Reclama un refuerzo presupuestario por parte del legislador que permita dotar a la justicia de más jueces formados, personal funcionario especializado y recursos de asistencia psicosocial.”
Clara Redondo hace otra distinción importante entre violencia doméstica de la violencia de género o contra la mujer. Matiza en confianza que, “a diferencia de la violencia de género donde las medidas protectoras se activan con urgencia, los casos de violencia doméstica (como agresiones a menores de edad) sufren una tramitación lenta desde el principio y carecen de esa misma prioridad procesal”.