Movimiento #J2, colectivo que aglutina a los mutualistas afectados por la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), advierte de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está utilizando la vía reglamentaria para vaciar de contenido efectivo el derecho reconocido por la Ley 2/2026, aprobada en julio por unanimidad de los grupos políticos en el Congreso y el Senado.
Del veto parlamentario a la maniobra reglamentaria
El mismo Gobierno que durante la fase parlamentaria introdujo varios vetos presupuestarios de “muy dudosa legalidad” sobre la ley de la pasarela, no ha aceptado la derrota en el Parlamento y ahora maniobra a través del Reglamento para limitar su alcance real.
Esta postura, ha sido denunciada también por sindicatos de autónomos como UPTA (UGT), que alertan de que el modelo que prepara el Gabinete de la ministra Elma Saiz dejaría sin poder ejercer la pasarela a más del 50% de los mutualistas afectados.
Incoherencia con un Gobierno “progresista, obrero y social”
Desde #J2 solo podemos calificar de “incomprensible” la actitud de un Ejecutivo que se define a sí mismo como progresista, obrero y social. No solo no se va a hacer nada por incluir en la pasarela a los mutualistas ya pasivos y jubilados con pensiones inferiores a 300 euros en las mutualidades, sino que todo indica que se están diseñando condiciones de canje tan desfavorables que desincentivarán su ejercicio, con el resultado práctico de que la mayoría de los afectados seguirán atrapados en el sistema mutualista.
Dos ejes clave de la desactivación reglamentaria
Desde Movimiento #J2 ponemos el acento en dos cuestiones nucleares a través de las cuales, se estaría gestando dicha desactivación:
1. El coeficiente de mejora: mínimo legal ignorado
El Congreso, para facilitar el consenso necesario para la aprobación de la Ley, legisló que el coeficiente de mejora aplicable a las bases de cotización debe situarse entre 0,67 y 0,87. Sin embargo, el equipo de la ministra no pretende regular en el Reglamento la aplicación del mínimo (0,67) para todos los mutualistas, a pesar de que la comparativa con otras regulaciones donde seutiliza este coeficiente y los informes técnicos disponibles señalan que sería lo más justo y equilibrado.
Esta omisión evidencia una estrategia ministerial orientada a reducir los años de cotización reconocidos y, por tanto, a minorar las futuras pensiones públicas de los afectados, buscando la desactivación real de la Pasarela.
2. Interpretación errónea de la Ley: pasarela “a bases mínimas”
En segundo lugar, el Ministerio estaría realizando una interpretación “absolutamente errónea e interesada” de la Ley, soslayando la voluntad del Parlamento. Mientras la norma se limita a indicar que, al regularse el canje de los fondos de los mutualistas por cotizaciones en el RETA, el Reglamento habrá de tener en cuenta las bases mínimas de cotización, el Ejecutivo pretendería configurar una pasarela “a bases mínimas” de forma generalizada, independientemente del capital ahorrado y de la trayectoria contributiva real.
El resultado, sería convertir un derecho de conversión de derechos económicos acumulados en un mecanismo que, en la práctica, condena a pensiones bajas y desalienta el ejercicio de la opción legalmente reconocida.
El sindicato UPTA ya ha denunciado públicamente que la pasarela que pretende la ministra Elma Saiz dejaría sin ejercer la opción a más del 50% de los mutualistas afectados. Desde el Movimiento #J2 se confirma esta estimación y añade que resulta especialmente llamativo que un Gobierno progresista este “protegiendo a las mutualidades” y esté abogando, de hecho, por un modelo de pensiones esencialmente privado para estos colectivos profesionales.
“Vivimos en un Estado de Derecho”: advertencia al Gobierno
Ante este escenario, desde #J2 se advierte al Gobierno que España es un Estado de Derecho, en el que no se puede reglamentar contra la Ley ni vaciar mediante desarrollo reglamentario lo que el Parlamento ha reconocido como derecho subjetivo.
El colectivo anuncia que va a explicar a la ciudadanía “la nula sensibilidad social” de este Ejecutivo y cómo, en su opinión, está velando más por los intereses de los lobbies económicos y las compañías de seguros que por los de trabajadores profesionales como abogados, procuradores, arquitectos, gestores administrativos o médicos