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Por José María Torres, presidente de CONPYMES

No hay mayor acto de fe económica en nuestro país que abrir un negocio o sembrar una tierra. Ser autónomo o gestionar una pequeña empresa no es una posición de privilegio; es una vocación de riesgo constante.

Como presidente de la Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES) quiero ser nítido y transparente sobre nuestros principios fundacionales: estamos a favor de la mejora de las condiciones laborales y de la cohesión social, y creo firmemente que un empleo digno y justamente remunerado es el motor de una economía sana y próspera. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es, y debe seguir siendo, una herramienta clave para garantizar la dignidad de los trabajadores y reducir las desigualdades que todavía fracturan nuestro tejido social.

Sin embargo, legislar no consiste únicamente en el noble ejercicio de proclamar derechos en el Boletín Oficial del Estado. Gobernar, en su sentido más profundo y responsable, consiste en diseñar los mecanismos económicos necesarios para que esos derechos puedan sostenerse en el tiempo sin destruir los pilares que los sustentan. Y los pilares de la economía española, nos guste o no aceptarlo son las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Somos nosotros quienes generamos la inmensa mayoría del empleo, quienes asumimos los riesgos patrimoniales y quienes sostenemos el bienestar de este país. Hacer recaer de forma exclusiva la factura de las decisiones políticas sobre los hombros del tejido productivo no es justicia social; es una temeridad técnica.

La realidad invisible de los márgenes estrechos

Elevar el SMI un 5,3% para el año 2027, situándolo en 1.286 euros mensuales en 14 pagas, se aprueba una vez más sin el acompañamiento de un estudio de impacto técnico, riguroso y sectorial. Esta ausencia de análisis previo resulta especialmente dolorosa para aquellas actividades económicas intensivas en mano de obra que operan en mercados con márgenes de beneficio extremadamente reducidos.

Sectores esenciales como la limpieza profesional, el mantenimiento técnico, la restauración colectiva o la ayuda a domicilio no cuentan con un colchón financiero capaz de amortizar incrementos salariales imprevistos. En estas actividades, la factura laboral representa el porcentaje mayoritario de sus costes operativos totales. Cuando las reglas del juego se alteran de forma unilateral a mitad del partido, la rentabilidad no disminuye: se evapora, transformándose en pérdidas estructurales inmediatas.

Esta vulnerabilidad es idéntica —y si cabe, más dramática— en nuestro sector primario. Me preocupa profundamente la situación de los agricultores y ganaderos de nuestro país, que llevan años sufriendo una presión asfixiante a lo largo de la cadena de valor, viéndose obligados en demasiadas ocasiones a vender a pérdidas para que sus productos lleguen a los lineales. Para el campo español, un incremento de los costes laborales que no venga acompañado de un análisis de equilibrio y de una protección real de sus precios de venta supone la estocada definitiva para miles de explotaciones familiares. Cuando una explotación agrícola echa el cierre, no solo se pierde un negocio; se apaga un pueblo, se destruye arraigo y se debilita nuestra soberanía alimentaria. Es una herida emocional y económica que ya no se puede curar.

La anomalía de la contratación pública: una factura de 6.000 millones

Si la situación es compleja en el mercado libre, adquiere tintes de flagrante injusticia en el ámbito de la contratación pública. Debido a la rigidez inquebrantable de la Ley de Desindexación de la Economía Española de 2015, los contratos públicos de larga duración —aquellos que se adjudican por precios cerrados para periodos de tres, cuatro o cinco años— permanecen completamente congelados. La Administración obliga por ley a las pymes adjudicatarias a aplicar de manera inmediata las subidas del SMI a sus plantillas, pero se niega en redondo a actualizar las tarifas que paga por esos mismos servicios.

Considero que esta es una contradicción institucional insostenible: el Estado exige ejemplaridad y cumplimiento normativo a las empresas mientras incumple el principio más básico de la equidad contractual. Según las estimaciones de los sectores de servicios esenciales, este desfase regulatorio ha endosado ya la descomunal cifra de 6.000 millones de euros en sobrecostes directos a las empresas contratistas del Estado. Con la nueva subida prevista para 2027, el impacto sumará otros 938 millones de euros adicionales de pérdidas para el tejido empresarial.

¿Quién paga esta factura? La pagan los autónomos con su patrimonio personal, las pymes recortando inversión y, tristemente, los propios trabajadores. Al socavar por completo el margen financiero de las empresas, la rigidez en los precios de los contratos públicos no genera un ahorro real para el Estado a largo plazo, ya que las nuevas licitaciones terminan ajustándose de forma abrupta a los costes de mercado. Sin embargo, en el corto plazo sí penaliza la calidad de los servicios y dificulta de forma severa la negociación de los convenios colectivos, limitando la capacidad de las empresas para pactar mejoras salariales en el resto de categorías profesionales debido al estrechamiento de los márgenes. Además, a medio plazo, esta asfixia se traduce inevitablemente en un deterioro de la calidad de los servicios públicos esenciales que recibe la ciudadanía, desde la limpieza de los hospitales hasta el cuidado de nuestros mayores dependientes.

Creo que es urgente sustituir los discursos de trinchera y la política de mitin por mesas de trabajo técnicas donde el rigor y el consenso social sustituyan a la imposición. Repartir es un ejercicio sencillo cuando el dinero, el esfuerzo y el riesgo son ajenos. Lo verdaderamente complejo, y lo que define a un gobierno maduro, es crear las condiciones para que la riqueza se genere antes de ser distribuida.

Es necesario trabajar en tres ejes de actuación inmediata:

  1. Reforma urgente de la Ley de Desindexación y de Contratación Pública: Es inapelable modificar el marco legislativo para que los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas incorporen cláusulas de revisión automática de precios. Si el Estado altera los costes laborales por real decreto, debe corregir en el mismo acto administrativo las cuantías que abona por esos contratos.
  2. Mesas sectoriales de evaluación previa: Ninguna subida del SMI debería tramitarse sin una memoria económica detallada que escuche y analice las realidades específicas de los sectores más vulnerables y del sector primario, diseñando bonificaciones o periodos de adaptación técnica donde los márgenes estén en peligro.
  3. Institucionalización del consenso: El diálogo social debe ser real y vinculante. Las decisiones que afectan a la viabilidad de quienes pagan las nóminas no pueden tomarse de espaldas a ellos. El consenso con el tejido productivo es la única garantía de que una subida salarial se traduzca en bienestar y no en desempleo.

Respeto por los que sostienen el país

Quiero concluir con una apelación directa a la empatía de nuestros gobernantes y legisladores. Detrás de las cifras macroeconómicas y de las estadísticas de empleo hay rostros humanos. Hay angustia, hay noches de insomnio, hay proyectos de vida que se tambalean cada vez que se legisla sin mirar la realidad de la calle.

Pido un poco menos de discursos trazados desde la distancia de los despachos oficiales y bastante más respeto por quienes levantan la persiana cada mañana. Las pymes y los autónomos no somos una fuente inagotable de recursos ni un actor al que exprimir en los periodos electorales. Somos el corazón económico de España. Cuiden a quienes generan el empleo, porque si la persiana de las pymes se cierra de manera definitiva, no habrá derechos que repartir ni economía que sostener. Construyamos, desde la concordia y el rigor, un futuro que sea próspero para los trabajadores y viable para las empresas.