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José María Torres. Presidente de CONPYMES

 

Durante demasiado tiempo hemos hablado de autónomos, profesionales y pymes como si fueran un colectivo al que hubiera que ayudar, proteger o compensar. Desde CONPYMES queremos cambiar esa mirada.

Los autónomos, profesionales y pymes no necesitan una economía construida alrededor de la protección. Necesitan un país que les permita

Ese es el punto de partida de ACTIVAR ESPAÑA, la propuesta que hemos construido desde CONPYMES después de meses de trabajo, diálogo y aportaciones de organizaciones y sectores muy diferentes. Una agenda articulada en 37 medidas y seis grandes ejes de actuación, con un objetivo común: reconstruir la relación entre las administraciones públicas y quienes cada día emprenden, producen, invierten, contratan, innovan y generan actividad económica.

No presentamos un catálogo de ayudas. Presentamos una propuesta de transformación.

Queremos pasar de una cultura basada excesivamente en el cumplimiento, el control y la sospecha, a otra, sustentada en la confianza, la proporcionalidad y la responsabilidad. Una Administración que facilite antes que obstaculice; que acompañe antes que sancione; que diferencie la realidad de una pequeña empresa de la de una gran corporación; y que comprenda que cada hora dedicada innecesariamente a burocracia es una hora que no dedicamos a nuestros clientes, equipos, innovación o crecimiento.

Representatividad real

El primer eje aborda una cuestión previa a todas las demás: quién representa a la economía real cuando se toman las decisiones.

España necesita evolucionar hacia un modelo de participación empresarial basado en criterios objetivos, medibles, transparentes y periódicamente verificables. La representatividad no puede depender indefinidamente de estructuras heredadas. Debe responder a la realidad económica y empresarial de cada momento.

ACTIVAR ESPAÑA propone avanzar en la medición objetiva de la audiencia empresarial, ampliar el diálogo social, mejorar los mecanismos de participación institucional y garantizar que autónomos, profesionales y pymes puedan estar presentes de manera efectiva en los espacios donde se deciden políticas que les afectan.

No reclamamos ser simplemente escuchados. Reclamamos participar donde se decide.

Porque ninguna política dirigida a autónomos, profesionales y pymes debería diseñarse sistemáticamente sin autónomos, profesionales y pymes.

Simplificación administrativa

El segundo eje propone cambiar profundamente la relación con la Administración.

Simplificar no significa únicamente digitalizar formularios. Significa preguntarnos si cada obligación es realmente necesaria, si es proporcionada y cuánto cuesta cumplirla.

Defendemos instrumentos como un verdadero test de impacto para la pequeña empresa, el principio de aportar una información una sola vez, la interoperabilidad entre administraciones, el derecho a subsanar errores formales antes de ser sancionado y mecanismos que eviten que los retrasos administrativos paralicen proyectos empresariales.

La digitalización debe servir para simplificar, no para trasladar burocracia desde una ventanilla física hasta una pantalla. El principio debe ser sencillo: confianza en quien cumple, proporcionalidad ante el error y responsabilidad de la Administración cuando sus propios retrasos generan costes.

Competitividad y financiación

El tercer eje parte de una evidencia empresarial: sin capacidad financiera no existe capacidad de transformación.

Queremos favorecer la reinversión, la capitalización y el crecimiento; facilitar el acceso a financiación; reducir barreras y garantías personales desproporcionadas; simplificar el acceso a los instrumentos financieros públicos y acompañar realmente los procesos de transformación digital, energética y productiva.

También incorporamos la realidad de las actividades estacionales, los costes productivos, las necesidades de circulante, la volatilidad de determinados inputs y los riesgos sobrevenidos que pueden comprometer negocios perfectamente viables.

No queremos empresas dependientes de subvenciones. Queremos autónomos, profesionales y pymes con músculo suficiente para invertir, innovar, internacionalizarse y crecer.

Empleo y talento

El cuarto eje aborda uno de los principales desafíos de nuestro tejido productivo: disponer de las personas y capacidades necesarias para competir.

Necesitamos conectar mucho mejor formación y empresa, reforzar la FP dual, facilitar la formación continua, impulsar las competencias digitales y tecnológicas, favorecer el primer empleo y facilitar el acceso al talento.

Pero también debemos ocuparnos de algo menos visible: la continuidad empresarial. Miles de actividades económicamente viables pueden desaparecer por falta de relevo generacional. Por eso ACTIVAR ESPAÑA contempla también facilitar la transmisión de negocios y la incorporación de jóvenes y nuevos profesionales.

Formar, atraer y retener talento no es una política complementaria. Es política económica.

Un marco laboral proporcional

Nuestro quinto eje plantea una cuestión fundamental: la misma obligación puede tener consecuencias radicalmente diferentes dependiendo del tamaño de quien debe cumplirla.

Una gran compañía dispone de departamentos jurídicos, laborales y de recursos humanos. Una micropyme, muchas veces, no.

Defendemos por ello un marco laboral que mantenga derechos y garantías pero incorpore proporcionalidad, seguridad jurídica y capacidad real de cumplimiento.

Proponemos simplificar obligaciones, establecer mecanismos adecuados ante nuevas cargas laborales, mejorar la protección en situaciones de incapacidad temporal, adaptar determinados mecanismos de cotización y ofrecer respuestas específicas a autónomos, profesionales y pymes ante circunstancias que pueden comprometer su continuidad.

Proporcionalidad no significa menos derechos. Significa diseñar normas que puedan cumplirse sin poner en riesgo a quien genera el empleo.

Competencia justa

El sexto eje completa nuestra propuesta.

Competir exige hacerlo en condiciones razonablemente equilibradas. La morosidad, las dificultades para acceder a la contratación pública, las posiciones dominantes en determinadas cadenas de valor o las barreras para volver a emprender después de un fracaso penalizan especialmente a quienes tienen menor dimensión.

ACTIVAR ESPAÑA plantea medidas sobre morosidad, trazabilidad de pagos, contratación pública, segunda oportunidad y equilibrio frente a grandes operadores. La medida 37 propone reforzar la transparencia y los mecanismos frente a prácticas abusivas en cadenas de suministro con fuertes asimetrías negociadoras.

No pedimos ventajas. Pedimos competir sin desventajas estructurales.

De la protección a la proyección

Las 37 medidas de ACTIVAR ESPAÑA tienen naturalezas y horizontes diferentes, pero responden a una misma convicción.

España no necesita tutelar permanentemente a autónomos, profesionales y pymes. Necesita liberar su capacidad.

Necesitamos instituciones más representativas, una Administración más sencilla, financiación accesible, talento conectado con la economía productiva, regulación laboral proporcional y mercados donde competir en condiciones justas.

Eso significa pasar de la protección a la proyección.

Desde CONPYMES queremos contribuir a abrir este debate con organizaciones empresariales y profesionales, agentes sociales, administraciones públicas, Gobierno y grupos parlamentarios. No presentamos un documento cerrado. Presentamos una base seria para construir acuerdos y transformar aquellas reglas que están frenando innecesariamente nuestra economía.

Porque el verdadero cambio llegará cuando dejemos de preguntarnos qué podemos hacer para que autónomos, profesionales y pymes resistan y empecemos a preguntarnos qué debemos cambiar para que puedan crecer.

ACTIVAR ESPAÑA nace precisamente para eso.

Para que ser pequeño no signifique competir en inferioridad. Para que ser independiente no signifique no estar representado. Y para que autónomos, profesionales y pymes dejen de ser únicamente escuchados y empiecen a participar allí donde se decide su futuro.