El fin del monopolio patronal: el Tribunal Supremo abre la mesa a las pymes
Jose Maria Torres, presidente de CONPYMES
El sistema de representación empresarial español descansa sobre una ficción que ya no resiste el escrutinio jurídico ni el sentido común. CEOE y CEPYME participan simultáneamente en decenas de órganos públicos, consejos consultivos, mesas de diálogo, comisiones y grupos de trabajo donde se deciden políticas que afectan directamente al tejido pyme, dos sillas, una misma voz, o más exactamente, una voz que no es la de las pymes.
Porque CEOE no representa a las pymes, representa a las grandes empresas, es su razón de ser, su estructura de poder y su lógica financiera, y CEPYME no es una organización independiente de representación de la pequeña empresa, porque es una organización integrada en CEOE, con sus posiciones subordinadas a las de CEOE y con una función que, en la práctica, consiste en legitimar la presencia de CEOE en todos los espacios donde se exige una voz pyme específica.
Esta sobrerrepresentación de CEOE y CEPYME no es una anomalía menor, es un sistema organizado de captura institucional que silencia a las pymes y las convierte en financiadoras involuntarias de quien las ignora.
Esta es una verdad incómoda que la política prefiere no nombrar. En España, las pequeñas y medianas empresas llevan décadas sentadas en la mesa de las decisiones públicas sin estar realmente en esa mesa, alguien ha ocupado su silla, y lleva años cobrando por ello.
Dicho de otro modo, CEPYME, por su dependencia, es el instrumento con el que CEOE coloniza la representación de las pequeñas empresas sin representarlas.
Lo que está en juego no es solo una cuestión de principios democráticos, aunque también lo es. Lo que está en juego es dinero. Mucho dinero.
La presencia institucional genera subvenciones, contratos de formación, financiación pública, acceso privilegiado a fondos europeos, capacidad de influencia sobre la normativa laboral, fiscal y regulatoria. Quien ocupa los órganos consultivos y de participación no solo opina, condiciona, retrasa, filtra y en muchos casos bloquea medidas que perjudicarían a las grandes empresas bajo el pretexto de que “las pymes no están preparadas”.
Ese poder tiene un valor económico directo y cuantificable, y se ejerce desde una posición de monopolio representativo que no ha sido ganada en competencia, sino construida a golpe de decreto, de influencia política y de la pasividad de una Administración que ha preferido interlocutores cómodos a interlocutores representativos.
Las pymes, mientras tanto, pagan, pagan a través de sus cuotas a organizaciones territoriales integradas en estructuras que no las representan, pagan con la normativa que se diseña sin contar con su realidad, pagan con la morosidad de las grandes empresas que nadie ataja porque quien podría presionar para atajarla representa también a quienes la practican, pagan con tipos impositivos, costes laborales y cargas regulatorias que se negocian en mesas en las que no tienen voz propia.
El pasado mes de mayo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó tres sentencias, la 606/2026, la 625/2026 y la 661/2026, que confirman la conformidad a Derecho de un modelo de participación institucional en el que las organizaciones específicamente representativas de la pequeña y mediana empresa deben tener presencia propia en los órganos públicos donde se debaten cuestiones que les afectan singularmente.
Las sentencias validan además algo esencial y es que la representación institucional no puede configurarse de forma acumulativa, redundante o materialmente duplicada cuando ello produce la exclusión de organizaciones que representan de forma directa y específica a las pymes.
En lenguaje llano y común no puedes poner a CEOE y a CEPYME en la misma mesa como si fueran dos voces distintas cuando son la misma voz, y al mismo tiempo dejar fuera a quien realmente representa a los pequeños empresarios.
El Supremo no ha hecho otra cosa que decir lo que en CONPYMES llevamos años reclamando. Que el diálogo social en España no es plural, es monopolio con apariencia de pluralismo y fraude a la representatividad de las pymes.
España tiene casi tres millones de pymes y autónomos, que representan el 99,8% del tejido empresarial, generan más del 60% del empleo privado y sostienen la mayor parte del PIB real de este país, y que son las que primero sufren una crisis, las últimas en recuperarse, las que menos acceso tienen a la financiación, las que más expuestas están a la morosidad, las que peor digieren cada nueva carga regulatoria.
Y son, paradójicamente, las que menos voz tienen en los espacios donde se toman las decisiones que las afectan.
No porque no existan organizaciones que las representen, CONPYMES existe, representa, actúa y tiene legitimidad jurídica y social para estar en esas mesas, pero lo que no tiene es acceso, porque ese acceso está bloqueado por un sistema diseñado para que quienes ya están dentro no necesiten compartir el espacio con nadie más.
Esto tiene nombre, y se llama captura institucional, y ocurre cuando los representantes de intereses privados colonizan los espacios públicos de decisión hasta el punto de que la Administración ya no regula el mercado, sino que es regulada por quienes se benefician de que nada cambie.
En el caso de la representación empresarial española, la captura es tan antigua y profunda que se ha normalizado, y se presenta como si fuera el orden natural de las cosas, vamos como si CEOE y CEPYME tuvieran un derecho histórico y divino adquirido para ocupar todas las sillas, en todos los órganos, para siempre, con independencia de a quién representen realmente y de cuánto dinero público gestionen como consecuencia de ese privilegio.
El Tribunal Supremo acaba de recordar que no hay tal derecho adquirido, y que la representación institucional debe responder a criterios de pluralidad, equilibrio, representatividad efectiva y ausencia de duplicidades, así que cuando dos organizaciones materialmente integradas ocupan dos sillas en el mismo órgano mientras se excluye a la organización que representa específicamente a las pymes, eso no es pluralismo, es verdadero fraude representativo.
El Gobierno tiene ahora una obligación, no una opción, y debe revisar la composición de todos los órganos colegiados, mesas, comisiones y consejos consultivos en los que participen simultáneamente CEOE y CEPYME. Debe identificar las duplicidades, corregirlas, e incorporar a CONPYMES como organización estatal específica de representación de la pequeña y mediana empresa en todos aquellos espacios donde se debaten materias que afectan directamente a su realidad.
No se trata de expulsar a nadie, pero si se trata de terminar con un monopolio que lleva décadas funcionando como un sistema de extracción de rentas institucionales a costa de los más pequeños, y excluyendo a patronales como CONPYMES.
Las pymes de este país merecen una voz propia, y no una voz prestada y cautiva por su dependencia de quien representa a sus competidores más grandes, y no una voz filtrada por una organización cuya independencia es, en el mejor de los casos, discutible.
Se necesita una voz propia, directa, sin intermediarios que distorsionen el mensaje antes de que llegue.
El Tribunal Supremo ha abierto la puerta, ahora corresponde al Gobierno atravesarla, o explicar y motivar por qué prefiere mantener un sistema que, según el Alto Tribunal, ya no puede sostenerse jurídicamente.
Las pymes llevamos esperando demasiado tiempo, y la paciencia, como la representatividad, también tiene límites.