Un nuevo año judicial para poder rectificar
Portavoz Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
«A ojos del infinito todo orgullo no es más que polvo y arena». La frase, de Lev Nikoláievich Tolstói, aparece al final de la edición española de Los días contados (Libros del Asteroide, 2009), la primera novela de la Trilogía transilvana de Miklós Bánffy. Después de acompañar durante cientos de páginas a una clase dirigente entregada a sus disputas e incapaz de advertir que el mundo sobre el que se sostenía comenzaba a resquebrajarse, cuesta leerla como una reflexión abstracta.
El orgullo no siempre se exhibe. A veces adopta una forma más discreta: la resistencia a reconocer un error cuando hacerlo obliga a rectificar. Entonces, mantener el rumbo parece firmeza y rectificar, una derrota. Bánffy escribió sobre una sociedad que siguió aferrada a sus viejas disputas aun cuando las señales estaban a la vista.
No se trata, naturalmente, de establecer paralelismos históricos. Pero la pregunta que deja la novela sigue siendo incómodamente actual: ¿por qué insistimos en dinámicas cuyas consecuencias ya conocemos?
El año judicial acaba de abrirse. Lo ha hecho con la solemnidad habitual, entre discursos y llamadas al respeto institucional. Ahora llega el momento de comprobar si esas palabras se traducirán en un cambio de conducta.
La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, lo ha expresado con claridad en su discurso: «No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión». Ha advertido, además, de la mayor gravedad de esas descalificaciones cuando proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales. Una advertencia que debería ser atendida por quienes tienen esa responsabilidad.
Las palabras importan. También que la independencia judicial sea defendida desde las más altas instituciones del Estado y se recuerde el respeto debido a la función de cada poder. Durante los últimos años hemos escuchado apelaciones parecidas. El problema viene después, cuando la ceremonia termina y la actualidad devuelve a cada uno a las posiciones de siempre.
Si atendemos a lo ocurrido en los últimos meses, es difícil pensar que la confrontación del Ejecutivo con el Poder Judicial vaya a desaparecer por sí sola. Cambian las resoluciones, las causas y los jueces afectados, pero la secuencia se repite. Una decisión judicial alcanza al Gobierno o a alguien próximo a él. La discrepancia se desplaza muy pronto desde el contenido de la resolución hasta la actuación de quien la dicta. Después llegan las referencias a su ideología, a sus supuestas intenciones o al uso político de la Justicia.
No hay motivaciones políticas en nuestras resoluciones
Puede haber resoluciones equivocadas y actuaciones discutibles. Los jueces no estamos al margen del escrutinio público ni debemos estarlo. Nuestras resoluciones han de estar motivadas, pueden ser revisadas por los tribunales superiores y también analizadas fuera del proceso.
Pero una cosa es discutir los argumentos de una resolución y otra, muy distinta, atribuir a quien la dicta una finalidad política. Lo primero entra dentro de la crítica legítima. Lo segundo desacredita al juez y extiende la sospecha sobre la propia función jurisdiccional. Si un argumento jurídico se considera erróneo, se combate mediante los recursos. La sospecha, sin embargo, no se recurre. Se propaga.
En el año judicial que dejamos atrás asistimos a declaraciones del ministro de Justicia sobre la actuación de un juez y, más recientemente, a los reproches del ministro del Interior a la magistrada María Tardón. No son episodios idénticos, pero tampoco es necesario que lo sean para advertir que tienen algo en común. En ambos, miembros del Gobierno cuestionaron públicamente la actuación de jueces que intervenían en procedimientos abiertos. En el segundo, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional consideró necesario expresar su respaldo a la magistrada.
El problema no está en que un ministro discrepe. Está en la facilidad con la que esa discrepancia termina convirtiéndose en un juicio público sobre la actuación de un juez que no puede responder en el mismo terreno. Los jueces nos expresamos mediante nuestras resoluciones. Estamos obligados a explicar en ellas nuestras razones y están sujetas al sistema de recursos. Un miembro del Gobierno dispone de una posición institucional y una capacidad de difusión incomparablemente mayores. Por eso también es mayor su responsabilidad.
Invocar la libertad de expresión no resuelve la cuestión. Nadie discute que un responsable público pueda criticar una resolución judicial. Se le pide que comprenda el peso añadido de sus palabras cuando se dirigen contra quien debe controlar la legalidad de la actuación del poder.
El Consejo General del Poder Judicial llegó a expresar por unanimidad su preocupación por las manifestaciones de responsables de altas instituciones que cuestionaban la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de jueces y magistrados. Aquella declaración era necesaria. Revelaba que el problema había dejado de ser una percepción de la carrera judicial y alcanzaba ya una dimensión institucional difícil de ignorar.
Y, sin embargo, la dinámica ha continuado. Ya no podemos atribuirla al desconocimiento de sus consecuencias. Se ha advertido muchas veces del daño que causa presentar al juez como un adversario político y de la erosión de la confianza ciudadana en la justicia. Seguir actuando del mismo modo después de conocer esos efectos es algo más que cometer un error. Es negarse a corregirlo.
El CGPJ tampoco puede quedar al margen de esta reflexión. Su renovación puso fin a más de cinco años de bloqueo, una anomalía institucional que jamás debió prolongarse tanto. Pero renovar el Consejo no bastaba. Había que recuperar su credibilidad y demostrar que podía romper con algunos de los vicios que habían marcado a los anteriores.
La politización del CGPJ
Dos años después, esa tarea sigue abierta. El Consejo ha recuperado las competencias que no podía ejercer durante el bloqueo. La cuestión es si ha conseguido desprenderse de la lógica de bloques y ofrecer una imagen distinta de la que convirtió su renovación en una larga negociación entre partidos.
La pluralidad dentro del Consejo no es un problema. Sus vocales tienen trayectorias diferentes y no tienen por qué compartir una misma concepción sobre cuanto afecta a la Justicia. La dificultad aparece cuando los acuerdos se interpretan según el origen de quienes los adoptan o los nombramientos vuelven a leerse como el resultado de equilibrios internos.
El mérito y la capacidad no quedan garantizados por su mera invocación. Deben reconocerse en las razones ofrecidas para preferir a una persona frente a las demás. Cuando una decisión no se explica de forma convincente, la sospecha de reparto perjudica también a quien ha sido nombrado, porque proyecta una sombra injusta sobre sus méritos.
El Consejo ha de ser igualmente coherente en la defensa de la independencia judicial, con independencia del juez afectado, de la causa en la que intervenga y de la procedencia del ataque. Defender a un juez frente a un señalamiento público no significa compartir sus decisiones ni sustraerlas a la crítica. Significa preservar el espacio en el que debe resolver conforme a Derecho.
Continúa pendiente, además, la reforma del sistema de elección de los vocales judiciales. Los doce de procedencia judicial deberían ser elegidos directamente por los jueces. Ese cambio no resolvería todos los problemas del Consejo, pero ayudaría a romper el vínculo que permite presentar a cada vocal como expresión de una mayoría parlamentaria. Mientras no llegue, será difícil convencer a los ciudadanos de que las etiquetas políticas dejan de operar al cruzar las puertas de la institución.
El Consejo debe revisar también sus prioridades. Su autoridad no se mide solo por la rapidez con que reacciona ante determinados episodios ni por el número de acuerdos que adopta. También se mide por la atención que presta a problemas que llevan años esperando. La insuficiencia de la planta judicial, las cargas de trabajo, la salud de quienes las soportan y las dificultades que está planteando la implantación de los tribunales de instancia no pueden permanecer siempre en un segundo plano.
Son problemas menos ruidosos. No suelen provocar reuniones extraordinarias en domingo ni grandes titulares. Se acumulan en los juzgados, en expedientes que tardan en avanzar, en señalamientos fijados a muchos meses vista y en profesionales que trabajan de manera continuada por encima de lo razonable. Sus efectos terminan recayendo sobre el ciudadano, que mide el funcionamiento de la Justicia por el tiempo que tarda en obtener una respuesta y por la calidad de esta cuando finalmente llega.
Necesitamos una justicia independiente
Por eso, reclamar una Justicia independiente y dotada de medios no es defender un interés de los jueces. La independencia judicial pertenece al ciudadano. No nos cansaremos de decirlo. Es su derecho a que el litigio que le afecta sea resuelto conforme a la ley, aunque la decisión incomode a cualquiera de las partes. Y unas cargas de trabajo asumibles son una condición elemental para que esa respuesta pueda darse con el estudio y la atención que merece.
Este es el panorama con el que comienza el nuevo año judicial. Mirarlo sin complacencia conduce a una previsión poco alentadora. Probablemente veremos nuevos enfrentamientos y decisiones del Consejo que volverán a ser examinadas en clave de bloques. No hay motivos para fingir lo contrario.
Reconocerlo no obliga a resignarse. Conocemos las dinámicas que nos han traído hasta aquí y no son inevitables. La declaración unánime del CGPJ mostró que, al menos ante determinados ataques, es posible encontrar una posición común. También dentro de las instituciones hay quienes conocen el daño que provoca la confrontación y trabajan para preservar espacios de respeto. Esa realidad existe y conviene no perderla de vista.
Querríamos que este nuevo año fuera aquel en el que el Ejecutivo recuperara la contención que exige su posición y la crítica volviera a dirigirse a los argumentos, no a la persona que resuelve. Querríamos también un Consejo que explicara mejor sus decisiones, defendiera con la misma firmeza a cualquier juez atacado y se ocupara de los problemas reales de los tribunales. Nada de ello parece excesivo.
Rectificar obliga a reconocer que determinadas conductas han causado daño. También que la lealtad institucional se demuestra respetando la función de los demás. No es fácil cuando esas conductas se han defendido durante tanto tiempo como legítimas. Pero reconocer un error no debilita a una institución. La debilita más persistir en él para evitar la apariencia de una derrota.
Un nuevo año no borra lo sucedido en el anterior. Puede impedir, al menos, que los mismos errores acaben convirtiéndose en costumbre. Ahí reside la esperanza de esta apertura. No en confiar en que las cosas cambiarán solas, sino en seguir exigiendo ese cambio a quienes tienen la responsabilidad de impulsarlo y conocen bien el daño causado por estas dinámicas.
En Los días contados, las señales estaban a la vista. El problema fue que quienes debían atenderlas continuaron demasiado ocupados en sus propias disputas. Nosotros no podemos alegar que desconocemos lo que está ocurriendo ni adónde conduce el deterioro de la confianza institucional.
A ojos del infinito, escribió Tolstói, todo orgullo no es más que polvo y arena. El problema es que sus consecuencias se producen mucho antes, aquí y ahora, y la confianza perdida no se recupera con facilidad. Este año judicial acaba de comenzar.
¿Servirá, por fin, para rectificar?