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Imagen de José Maria Beneyto, presidente de la AEC, desde hace dos años, entidad que reclama reforma de la Ley de Contratos del Sector Público (AEC)

  • La patronal  traslada sus diez prioridades, incluyendo la formación, la innovación orientada al mercado y una colaboración estable entre el sector público y el privado. La AEC integra a 27 de las empresas más relevantes de consultoría y tecnologías de la información en España, un sector que suma 23.635 millones de ingresos y 298.000 profesionales.

La Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), que agrupa a las principales compañías de consultoría y tecnologías de la información, ha trasladado a los partidos políticos las diez prioridades del sector para la próxima legislatura. Entre ellas, plantea adaptar la Ley de Contratos del Sector Público a los servicios tecnológicos y establecer un plan de inversión digital a largo plazo que dé continuidad a los proyectos tras el fin de los fondos Next Generation EU.

Se trata de un decálogo para que España aproveche la nueva etapa de la transformación digital, marcada por la aplicación de tecnologías de frontera, y que pueda traducirse en mayor productividad y competitividad. “España reúne ciencia, empresas, infraestructuras y talento para ocupar un lugar destacado en la economía digital. Aprovechar esas capacidades requiere estabilidad y una colaboración sostenida entre el sector público y el privado”, afirma José María Beneyto, presidente de la AEC.

Las consultoras proponen reforzar los vínculos entre universidades, centros de investigación y empresas, impulsando la financiación de aplicaciones comerciales y la transferencia de conocimiento. Aboga por instrumentos de coinversión y acceso a capital privado para las compañías tecnológicas que necesitan dar el salto a una escala industrial mayor, de modo que las empresas innovadoras encuentren recursos para crecer en España y mantener su actividad, conocimiento y empleo.

Personas e inteligencia artificial

Desde el sector, la entidad que preside el jurista José Maria Beneyto,   pide potenciar el talento tecnológico mediante la formación profesional dual, la actualización universitaria, las microcredenciales y el aprendizaje durante toda la vida laboral. Estos programas deben diseñarse junto a las empresas y prestar especial atención a los jóvenes y a los trabajadores cuyas tareas están más expuestas a la automatización, con itinerarios de recualificación accesibles.

En materia de inteligencia artificial, el decálogo defiende situar su adopción entre las prioridades de la política económica e industrial. Plantea programas sectoriales que permitan a las empresas pasar de las pruebas piloto al uso efectivo en sus procesos, con un apoyo adaptado a la capacidad de inversión y al grado de digitalización de cada organización.

La asociación pide evaluar estos programas por sus resultados en productividad, ventas y calidad del servicio, teniendo en cuenta los costes de implantación y mantenimiento. También propone financiar pruebas en condiciones reales de sistemas de IA física, integrados en robots, máquinas y sistemas para facilitar su uso en la industria.

Asimismo, recomienda un diálogo permanente entre empresas y Administraciones que permita anticipar los efectos de la IA sobre el empleo, la organización del trabajo y los servicios a los ciudadanos. La transparencia, la protección de los derechos, la seguridad y la supervisión humana formarían parte de los programas de apoyo, en proporción a los riesgos de cada aplicación.

Administraciones, seguridad jurídica y ciberseguridad

La AEC aboga por adaptar la Ley de Contratos del Sector Público y las prácticas de licitación a las características de los servicios tecnológicos, con presupuestos ajustados a los costes reales y criterios de adjudicación que den prioridad a la calidad, la innovación y el valor aportado.

Señala también la importancia de aplicar modelos orientados a resultados, consultas abiertas al mercado, pago por uso y compra pública de innovación. Para evaluar la inversión digital pública se optaría por medir los tiempos de espera, las cargas administrativas y la calidad de la atención a ciudadanos y empresas.

Siguiendo con la regulación, el documento pide una aplicación proporcionada de las normas, con guías compartidas, revisión de duplicidades y entornos de prueba supervisados. La protección de datos, la trazabilidad, la seguridad y la supervisión humana se deben incorporar desde el diseño, de modo que las empresas conozcan sus obligaciones y los usuarios dispongan de información comprensible y de mecanismos para solicitar la revisión de las decisiones que les afecten.

Las diez prioridades incluyen contar con una planificación plurianual de la inversión digital pública que dé continuidad a los proyectos una vez concluidos los fondos Next Generation EU, con mejoras concretas en los servicios, datos interoperables y atracción de talento tecnológico a las Administraciones.

En ciberseguridad, la AEC solicita mejorar la preparación de empresas y administraciones para prevenir incidentes, responder y recuperar su actividad, y extender la protección a las pymes y a las cadenas de suministro. Los planes de continuidad, los ejercicios periódicos, la formación de profesionales especializados y el intercambio de alertas entre el sector público y el privado serían sus herramientas principales.

Infraestructuras y capacidades estratégicas

El decálogo propone planificar conjuntamente la conectividad, la capacidad de cálculo, los centros de datos y el suministro eléctrico, con un calendario ligado a la demanda industrial y científica. También pide facilitar a empresas e investigadores el acceso a computación avanzada y entornos de experimentación con costes asumibles y condiciones de seguridad. Mantener una inversión sostenida en tecnologías de frontera, entre ellas la computación cuántica, y en las grandes instalaciones científicas completa esta línea.

Las consultoras destacan la necesidad de fijar prioridades industriales y científicas a largo plazo, con acuerdos que den estabilidad a la inversión y permitan especializarse en los ámbitos donde España puede liderar.  Defensa, espacio, materiales avanzados y tecnologías duales requieren una mayor colaboración entre grandes empresas, pymes y centros de investigación, con apoyo para formar consorcios y preparar propuestas en proyectos europeos.

La autonomía estratégica, subraya el documento, se apoya en la capacidad de desarrollar, producir y mantener tecnologías esenciales y en empresas que exporten productos y servicios de alto valor añadido.

Una voz propia de España en Europa

Finalmente, la AEC apunta que la Unión Europea debe ganar soberanía digital y reducir su dependencia del exterior. España puede defender un mercado más integrado, con requisitos que faciliten a las empresas desarrollar y comercializar sus soluciones en distintos países. Se plantea definir las prioridades españolas en los programas tecnológicos europeos mediante un diálogo estable entre Administraciones, empresas y centros de investigación, e impulsar la participación en proyectos compartidos de inteligencia artificial, computación cuántica e infraestructuras digitales.

Los 27 asociados de la AEC representan en torno al 70% del sector, lo que sitúa a esta entidad como el referente del mercado de la transformación digital. La consultoría actúa como catalizador de innovación en múltiples industrias, favoreciendo la adopción de nuevas tecnologías y modelos de negocio más eficientes. Así, en 2025 el sector representó el 1,4% del PIB de España, con más de 298.000 profesionales, consolidándose como uno de los principales motores de transformación del tejido productivo.