De Urda a Owono: el ritmo del Derecho Penal

Victor Sunkel. Abogado penalista. Socio director de Sunkel & Paz

Hace unos días asistí a la presentación del último poemario de Alfonso Trallero, quien, además de buen amigo, es uno de los mejores penalistas de España. Alfonso recitó algunos de sus poemas con esa pasión que solo los poetas saben imprimir a sus versos. Pero, unos minutos después, el rapsoda se transmutó en penalista cuando, tras una pregunta del público afirmó, categórico, que el Derecho penal, al contrario que la poesía, no tiene ritmo.

Reconozco que aquella rotundidad me dejó pensativo. A punto estuve de rebatirle, pero comprendí que no era ocasión de convertir una velada consagrada a las musas en una discusión sobre dogmática penal, no fuera a ser que el Código penal terminara ahuyentándolas.

Unas horas más tarde fue el propio Alfonso quien, sin saberlo, me proporcionó el argumento para discutirle. Releyendo su poema Seis letras, me detuve en su último verso que resonó como una pedrada: «que el tiempo son únicamente seis letras». Y me pregunté si el Derecho penal, que no es sino una forma de enfrentarse al tiempo, no podría encontrar también cierta cadencia en el universo que lo conforma.

Y entonces me vinieron repentinas cinco palabras: acción, riesgo, delito, culpar y juzgar… Todas seis letras.

Naturalmente, pensé, seis letras no hacen un verso, como tampoco cinco palabras bastan para construir una teoría del delito. Pero las palabras pueden compartir una misma medida sin tener idéntico significado ni ser intercambiables. Y, como sucede en una composición poética, alterar su función o prescindir de alguno de sus elementos puede cambiar por completo el sentido del conjunto. En Derecho penal, incluso, determinar quién debe responder por lo sucedido.

Pensemos en la acción. Alguien hizo algo o dejó de hacer aquello a lo que jurídicamente estaba obligado. Parece sencillo. Pero ni toda acción constituye un delito ni toda omisión merece reproche. Antes de atribuir responsabilidades es necesario determinar qué ocurrió realmente y qué conducta concreta se puede imputar a cada interviniente.

En Tenerife, por ejemplo, el portero Jesús Owono salió a disputar un balón y golpeó a Jesús de Miguel, quien falleció horas más tarde. Una jugada. Un golpe. Una muerte. Apenas unos segundos de acción y una consecuencia irreversible. El Derecho penal deberá dar respuesta a si aquella intervención excedió los límites de un lance del juego. Porque una tarjeta roja, por justificada que resulte deportivamente, no equivale a una condena.

Riesgo y punibilidad

Y aquí aparece nuestra segunda palabra: riesgo. No basta con que una conducta haya causado un resultado. Es necesario determinar si creó o incrementó un riesgo jurídicamente desaprobado y si ese riesgo se materializó en el resultado producido. En el caso Owono, el Derecho penal nos dirá si ese riesgo fue inherente a la práctica deportiva o si excedió sus límites, porque la muerte no puede añadirse como una sílaba automática a la conducta del guardameta.

En Urda, por el contrario, la colisión ferroviaria plantea una realidad mucho más compleja. La caída del sistema LZB, los protocolos de seguridad y las órdenes impartidas desde el centro de control forman parte de una sucesión de acontecimientos cuya relevancia penal habrá que determinar. Aquí la pregunta no es solo quién actuó, sino quién debía haberlo hecho, qué riesgo estaba obligado a evitar y si disponía de capacidad efectiva para impedir el resultado.

Y llegamos al delito. Una palabra de seis letras que encierra una construcción bastante menos sencilla que su pronunciación. La tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad no son adornos de una composición jurídica ni formalidades que puedan sacrificarse para satisfacer la necesidad colectiva de encontrar un responsable. Son límites al poder de castigar.

Por eso, frente a la tentación de atribuir la tragedia ferroviaria al último operador que intervino, o de hacer ascender mecánicamente la responsabilidad hasta el entonces ministro Óscar Puente, conviene recordar que la responsabilidad penal no se transmite por el organigrama. La responsabilidad penal no alcanza al individuo por ocupar la cúspide de una organización, ni desaparece necesariamente por encontrarse en ella. Exige identificar e individualizar conductas, deberes jurídicos y posibilidades reales de actuación antes de culpar y juzgar.

Culpar y juzgar. Atribuir inicialmente a alguien la responsabilidad de unos hechos puede ser el comienzo de una acusación, pero no equivale a demostrar su culpabilidad.

Dos tragedias escritas

Entre una sospecha y una condena media un proceso sometido a reglas,

garantías y exigencias probatorias que no pueden convertirse en un mero trámite para confirmar lo que previamente se ha decidido. Y eso vale tanto para una jugada de fútbol como para una catástrofe ferroviaria. La brevedad de la primera no permite convertir automáticamente una desgracia en delito, ni la complejidad de la segunda autoriza a repartir responsabilidades por el lugar que cada cual ocupa en una organización.

Owono y Urda son dos tragedias escritas en versos muy distintos. La primera se precipita en apenas unos segundos; la segunda se despliega en una compleja sucesión de acontecimientos. Sus tiempos, sus pausas y sus cadencias son diferentes. Y, sin embargo, ambas encuentran en el Derecho penal una misma métrica. Acción, riesgo, delito, culpar y juzgar. Cinco palabras de seis letras que, como los versos de un poema, pueden expresar realidades muy distintas sin alterar por ello las reglas de su composición.

Porque la teoría jurídica del delito no exige que todos los hechos tengan el mismo ritmo, sino que cada uno encuentre su encaje respetando el orden, la medida y el sentido de sus elementos. Y es que, por muy distintos que sean los versos de la tragedia, la métrica del Derecho penal no puede alterarse para hacerlos rimar con una condena.

Quizá Alfonso Trallero tenga razón y el Derecho penal carezca de la musicalidad de la poesía. Pero me cuesta aceptar que carezca de una cadencia propia. Porque mientras en los bellos versos de Alfonso una sílaba de más hubiera podido arruinar un poema, en Derecho penal podría arruinar una vida.