Victor Sunkel, abogado penalista Socio director de Sunkel & Paz
Corría 1972 cuando el artista italiano Adriano Celentano tuvo la osadía de lanzar al mundo la canción con este título tan inextricable: prisencolinensinainciusol.
En los primeros días que se sucedieron tras su lanzamiento, nadie fue capaz de entender la letra, aunque los radioyentes pusieron toda su atención en descifrar el lenguaje; en entender el mensaje.
Pero nada. Todo fue en balde. Ni los más avezados angloparlantes fueron capaces de ofrecer una traducción plausible del tema de moda. No obstante, y pese a todo, la canción fue un acierto que cosechó éxitos por todo el planeta.
Pero más allá de la anécdota comercial, lo ocurrido con prisencolinensinainciusol sirvió para que Celentano demostrase, precisamente, algo bastante simple a la par que complejo: que bastaba con entonar unas palabras en un idioma inventado que sonase a inglés y acompañarlo de un ritmo pegadizo para que el público comprara su tema masivamente.
53 años más tarde, el ritmo sigue siendo pegadizo y el mensaje incomprensible, aunque el que lo canta ya no es Celentano ni la letra es la de prisencolinensinainciusol.
No. Ahora el que canta la música de marras es Sánchez y la letra que entona es la del lawfare, esa maldita palabra que, aunque incomprensible para los que aún creemos que rige el Estado de Derecho en España, sirve últimamente para tener a una parte del público entretenido.
Y el problema no es que algunos acólitos de este país repitan sus estribillos sin saber en realidad qué cantan, sino que personas que debieran representar al Estado (ministros, miembros del gobierno), medios de comunicación que debieran ser neutrales (la televisión pública) o personajes que tras su condena en los tribunales no deberían tener nunca más altavoz, sepan que la letra es, en verdad, una jerigonza (como prisencolinensinainciusol) y que, pese a todo, intenten convencernos que estamos ante un himno digno del laureado Bob Dylan.
La última lírica, el hit del sanchismo de estos días de diciembre, ha venido a cuenta de la condena del Fiscal General del Estado y el intento de hacer creer a los españoles que el máximo órgano jurisdiccional de España, el Tribunal Supremo, está compuesto por peligrosos enemigos de la Democracia y de prevaricadores, en lugar de prestigiosos magistrados con una impecable hoja de servicio que, los que nos dedicamos a esto de la administración de Justicia, sabemos que hacen lo mejor que pueden con los precarios medios humanos y materiales que las migajas de los presupuestos generales del Estado les dedican.
Como cualquier otra resolución judicial, la Sentencia 1000/2025 de 9 de diciembre, podrá gustar, o no; podrán ser compartidos sus razonamientos, o no. Pero lo que sin duda debería unir sin fisuras a cualquiera que sea un auténtico demócrata -y no sólo de postín- es el respeto que se debe al principal poder del Estado: la Justicia. Y por eso los ataques gratuitos -e infundados- a los magistrados que la redactaron deberían retratar a quienes los lanzan.
Una sentencia bien armada
Según se explicita en la Sentencia, la condena al Fiscal General del Estado tiene su fundamento en dos conjuntos de circunstancias bien definidas. Por un lado, el acceso singular a la documentación con el envío a una cuenta privada de Gmail del FGE (tenía una cuenta propia de la Fiscalía), la secuencia temporal de comunicaciones con periodistas y subordinados, la urgencia mostrada en la obtención de los correos, la llamada del periodista de la Ser desmentida al inicio del proceso y posteriormente admitida una vez que la UCO la desveló en su informe, “el borrado de los registros, los recelos expresados por sus subordinadas sobre la filtración, junto al hecho de que ninguna otra persona distinta al Letrado del Sr. González Amador, el Fiscal Sr. Salto Torres, la Fiscal provincial y el propio FGE, y su entorno pudieron participar en la filtración, permiten construir un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente, que lleva necesariamente a afirmar, como hecho probado, que fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación en la Cadena SER”.
Por otro lado, y no menos importante, es la constatación del contenido incriminatorio de la nota de prensa redactada por la Fiscalía General del Estado y publicada por la Fiscalía provincial, después que la Fiscal de la Comunidad Autónoma se negara a publicarla. El propio FGE confirmó en el juicio su intervención, y por tanto autoría, incorporando en la nota información que confidencial que él había conocido en razón de su cargo. Ya sólo esta circunstancia habría sido sustrato fáctico suficiente para justificar la condena al FGE.
Sin embargo, y como ocurre en la canción prisencolinensinainciusol (que tiene una excepción al galimatías incomprensible con un coro que repite all right de cuando en vez casi de manera machacona), la Sentencia del TS tiene también su excepción en forma de voto particular expresado por dos magistradas.
Su discrepancia con la mayoría se asienta, en síntesis, en tres pilares: (1) los testimonios de los periodistas de La Sexta, Eldiario.es, La Ser y El País. (2) en que el borrado de datos del FGE de su cuenta de Google y WhatsApp, así como el cambio de su terminal, no obedecieron a una estrategia defensiva, sino a protocolos de seguridad exigibles dada su condición de FGE. Y (3) en que el correo que remitió el abogado de González Amador a la fiscalía el 2 de febrero para proponer un acuerdo fue conocido por decenas de personas de la propia fiscalía.
En definitiva, el voto particular (bien estructurado y razonado) achaca a la mayoría de sus compañeros el haber interpretado las pruebas “contra reo”, esto es, que, entre varias hipótesis, siempre optaron por la más perjudicial para el FGE.
La verdad es que la canción prisencolinensinainciusol perdería su encanto sin esos all right cantados a coro, porque, entre otras cosas, demuestran que con ellos todo tiene un poco más de sentido. Porque, nos convenza, o no, la sentencia mayoritaria o nos convenza, o no, el voto particular, prisencolinensinainciusol nunca debería traducirse por lawfare, por muy pegadizo que sea el ritmo.
