JUC


María Victoria Jáuregui Acuña

Abogada afectada

Creo que llego el momento de analizar una realidad objetiva e incuestionable, muchos de nosotros no tenemos tiempo de descuento y la pasarela al RETA no puede quedarse en una solución pendiente o dormirse en el “tiempo de los justos”. Llevamos 3 años de lucha por conseguir una solución digna para las jubilaciones de los Mutualistas atrapados en un sistema obsoleto permitido y consentido por el Estado.

Tras la aprobación de la Ley 2/26, seguimos sin saber las condiciones que permitirán hacerla efectiva ; si bien  permitió pasar los derechos económicos y convertirlos en cotizaciones amen de otras cuestiones, esa regulación la dejó en manos del desarrollo reglamentario, lo que nos volvió a dejar atrapados en un callejón con una salida incierta o casi sin salida y pese a que hay existencia de propuestas Reglamentarias  por parte de los afectados que solucionarían   con solvencia el tema, lo triste es que el Ministerio no ha movido ficha, no ha publicado el borrador ni ha indicado qué trámites se han realizado ni mucho menos, cuándo se prevé aprobarlo.

Hablamos de compañeros que hoy tienen 67 años, que no tienen una respuesta sobre su futuro que llevan cotizando más de 40 años para sostener el Estado de Derecho, contribuyendo al pago de las pensiones de muchos españoles y que sin embargo a falta de un Reglamento digno solo tienen sobre la mesa para vivir, entre 350 y 500 euros.

A mayor abundamiento, la Ley fijó un período y un compromiso de urgencia. Así la disposición transitoria 47  de la Ley 2/2026 impuso un plazo máximo de tres meses para la aprobación del Reglamento y fijar sus condiciones, por tanto, no hablamos de que el legislador dejara abierto un plazo indefinido; por eso  el pasado 10 de septiembre tras reunirse la ministra Elma Saiz con el presidente del CGAE Salvador González Martín, se comprometió a solicitar al Consejo de Ministros la tramitación urgente del reglamento.

Estos compromisos generaron justas expectativas para quienes llevamos años esperando una solución, pero visto el paso del tiempo y el devenir de los acontecimientos seguimos sin saber nada del trámite de urgencia lo que nos deja en un limbo injusto, sin respuestas legítimas que merecen ser contestadas ¿En qué fase se encuentra el proyecto? ¿Se ha solicitado formalmente su tramitación urgente? ¿Qué actuaciones quedan pendientes? ¿Cuándo podrán los afectados conocer el texto y sus consecuencias?

Pero Ojo, no olvidemos que la urgencia no justifica cualquier reglamento, porque lo que necesitamos es que su regulación cubra las necesidades de los mutualistas y aclarar cómo se convertirán nuestros derechos económicos en períodos cotizados, qué reconocimiento efectivo reciban los años de mutualidad y qué posibilidades existan de aprovechar el capital acumulado para mejorar las futuras bases de cotización entre otras cuestiones que ya se han puesto sobre la mesa del Ministerio . No podemos aceptar algo que después nos haga descubrir que nuestra jubilación sigue siendo insuficiente.

Tampoco podemos olvidar a quienes han quedado fuera de la solución legal y continúan necesitando una respuesta, los pasivos necesitan ser ayudados.

Las elecciones podrán condicionar las decisiones políticas, pero no deberían servir de justificación para detener un trabajo técnico que responde a un mandato legal. No podemos afirmar que no se haya trabajado, lo que sí podemos afirmar es que desconocemos qué se ha hecho y qué queda pendiente; esa falta de información resulta especialmente grave cuando afecta a muchos de nosotros que estamos alcanzando la edad de jubilación y necesitamos adoptar decisiones sobre nuestro futuro.

El perjuicio no es solamente económico. Es también la imposibilidad de planificar nuestra vida, decidir cuándo dejar de trabajar y conocer qué pensión podremos percibir, por eso no pedimos que las elecciones se suspendan por nuestra jubilación, pedimos que nuestra jubilación no quede suspendida por las elecciones.

Todavía podemos solicitar información formal al Ministerio, reclamar transparencia sobre la tramitación, exigir que se escuchen nuestras propuestas y mantener la interlocución con quienes tienen capacidad institucional para trasladarlas y aunque no sabemos si estas gestiones conseguirán acelerar el reglamento, lo que sí sabemos es que permanecer en silencio no resolverá las cuestiones pendientes. Tampoco debemos renunciar a defender las condiciones de la pasarela precisamente cuando se está decidiendo su contenido.

Necesitamos objetivos compartidos, propuestas técnicas consensuadas, interlocución institucional y capacidad para exigir respuestas a cualquier Gobierno, sea del signo político que sea. Y, sobre todo, necesitamos comprender que el tiempo que perdemos discutiendo entre nosotros es tiempo que muchos compañeros ya no tienen.